COMUNICADO DE PRENSA

Ante la reciente decisión de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de promover el cese de un amplio número de jefes de estudios adjuntos de otros tantos IES de nuestra región, ADES (Asociación de Directivos de centros educativos públicos de Educación Secundaria de la Región de Murcia) quiere manifestar lo siguiente:

La medida, de dudosa legalidad y ante la que se opondrán las actuaciones que en derecho correspondan, es, sobre todo, un nuevo ejemplo de la falta de correlación entre los intereses de nuestros gestores y el cada vez más complejo día a día de los centros educativos, además de evidenciar, también de nuevo, una desafortunada manera de entender las relaciones con los directivos escolares. Gestionar la educación de espaldas a los responsables de nuestros institutos sólo puede producir pésimos resultados.

Esta decisión se toma cuando los afectados ya han cubierto el duro recorrido que conduce a la organización del curso, y sobre personas que llevan varios años realizando su cometido y cuyos cargos, al menos en la mayoría de los casos según nuestros datos, figuraban en la plantilla negociada con la dirección general en los plazos que esta estableció.

La negociación de estos “cupos” no fue precisamente fácil, sino que se estrecharon al máximo los márgenes en favor de una lógica rentabilización de los recursos. En los resultados estaban los cargos que ahora se intenta suprimir. ¿A quién cabe achacar la responsabilidad? ¿Cómo se puede tomar esta decisión en este momento?

Se argumenta la falta de algunos de los requisitos establecidos en la normativa, pero esta falta es, también en la mayoría de los casos que hemos comprobado, resultado de una interpretación sesgada, cuando no errónea, de dichas normas. Así, siendo uno de los criterios más aludidos el del número de grupos con que cuentan los centros, se deja fuera de ese cómputo a los grupos de diversificación curricular o a los grupos de los programas de cualificación profesional inicial, lo cual resulta incomprensible para cualquiera que conozca y entienda el funcionamiento de un centro educativo.

La constitución de un equipo directivo comprometido en llevar adelante un proyecto educativo, con una distribución de tareas y responsabilidades siempre por encima de lo que se reconoce y se paga, y en el que la continuidad y la experiencia son fundamentales, no puede estar bajo la amenaza de su modificación cada curso por causas tan poco justificables.

Con el pretexto de unas normas que sólo deberían ser aplicadas a las propuestas de nuevos nombramientos, se reduce y menoscaba la capacidad de gestión de los centros públicos, lo que no puede traducirse sino en un progresivo deterioro de la calidad del servicio.

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